Organizar, dice la RAE es: «Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados». Pues en este país, que vivimos, somos muy capaces de definir y establecer un fin, un objetivo, pero lo de organizar lo necesario para su consecución es otra cosa. Demostramos nuestra buena voluntad para el cambio, para arreglar aquello que consideramos que está mal, pero entrar a la disposición de establecer recursos y sistemas, como que da pereza.
Sirva como ejemplo que a causa de esta crisis vírica que vivimos ha sido necesario poner en marcha modelos de protección a los grupos más indefensos (léase los ERTE y el ingreso mínimo vital, IMV), y esto, a mi modo de entender la voluntad política, merece aplausos. Quien lo necesite, que la sociedad lo acoja y dé protección.
Pero aquí viene el problema: la organización administrativa no tiene capacidad de respuesta. Esto es así, porque en más de treinta años de democracia, nadie, ningún Gobierno ha sido capaz de reformar en profundidad y en su totalidad las administraciones públicas, es posible que alguna, sobre todo local, se salve, pero el resto es como si estuviésemos en el siglo XIX.
Hoy vivimos una época en la que la tecnología nos muestra caminos muy diferentes a los que teníamos no hace tanto tiempo, nos ha permitido que nuestras vidas tuviesen otro dinamismo, una mayor transparencia y mejores garantías legales. Sin embargo, parece que en el modelo organizativo de las administraciones públicas no ha hecho mella, y es que por más que las dotemos de los medios más tecnológicos, si no las transformamos en el mejor uso de ellos, no habremos conseguido nada.
Por utilizar el IMV como ejemplo, la Seguridad Social no ha sido capaz de tramitar un porcentaje aceptable de peticiones y no por falta de medios, me atrevería a afirmar que por mala organización. Las administraciones públicas no necesitan muchos funcionarios, precisan de excelentes profesionales capacitados en el perfecto diseño de los servicios que se den a la ciudadanía y un óptimo seguimiento de la operatividad de estos, porque para la ejecución de ellos se puede contratar a empresas privadas, que no significa privatizar solo es dar el mejor camino de desarrollo a los servicios públicos.
Pero por concretar en la gestión puntual del IMV, entiendo que se hayan presentado miles de solicitudes y que conlleven un trabajo administrativo importante, pero, también, sería posible que a través de las ETT se dispusiese del número de parados suficientes que permitieran agilizar al máximo los trámites, y como consecuencia derivada se daría empleo a un buen número de trabajadores. Es un ejemplo básico, pero da sentido a lo que significa la reordenación de las administraciones públicas. Más y mejor profesionalidad bien pagada.
Creo que sería necesario que las administraciones públicas realicen una profunda revisión del trabajo que ejercen y cuáles deberían ser los recursos que, en realidad, se precisan para alcanzar sus objetivos.
Hoy es bastante sencillo hacer un inventario de los puestos de trabajo, donde se especifique el perfil profesional que necesitan y la cuantificación para cada departamento, pues la confusión que se origina con la modernización tecnológica y el anclamiento funcional es la forma de crear una absoluta confusión en los servicios.
Es necesario que entendamos que prestar servicios públicos no significa que esa ejecución la hagan funcionarios, es más sencillo, son aquellos que se prestan a los ciudadanos con los impuestos que pagamos, por tanto, profesionalizar es la palabra y no competir con lo privado es el objeto.
Un día llegará en el que un Gobierno entienda que, lo público y lo privado, los ciudadanos y las administraciones, deben ir acompasados. No son cosas diferentes, es la misma sociedad. H
