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JUSTICIA O INJUSTICIA DE LOS IMPUESTOS

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Como su propio nombre indica, los impuestos son todo lo contrario a voluntario. El actual Estado Social, Democrático y de Derecho, es el sistema de gobierno en el que las minorías no son ignoradas y la mayoría tiene la sensación de gobernarse a sí misma.

Una duda que me surge, es la forma en la que se realiza la coerción sobre los individuos de los que depende dicho Estado de Derecho. La respuesta a ésta pregunta es bastante clara: No siempre ha sido así, el Estado ejercía su capacidad coercitiva eliminando a los individuos que no lo aceptaban (esto explica, pero no justifica, la larga y
trágica cadena de ejecuciones que acumula la historia humana).

El Estado, siempre ha tenido dos enemigos, Los internos que pugnaban por sus ideales, que eran contrarios al propio estado. Los enemigos externos, por otra parte, pretendían anexionar sus territorios o transvasar parte de la soberanía del Estado a su propio Estado extranjero. El nuevo Estado de Derecho, que todos disfrutamos es un oasis de paz en la historia humana, pero no está exento de enemigos, con las divisiones y objetivos que hemos mencionado anteriormente.

Es el momento idóneo de ver las dos formas de ejercer su poder sobre los que gobierna: La primera, quizás la más patente y comprensible por todos sus ciudadanos, que es la privación de la libertad. Entendiendo por ésta como aislados del resto de la sociedad en la que los inadaptados al sistema se recluyen con el fin de que puedan reincorporarse a la Sociedad. La reclusión de personas como medio coercitivo no está demostrado que sea la más idónea de las ideas, pero las otras opciones quizás fuesen peores.

El otro medio de manifestar el poder y la fuerza del Estado, son los tributos, tasas, contribuciones especiales, etc. (las denominaciones que han sufrido durante todo el tiempo son de lo más variopintas). Por lo tanto, hemos visto que los impuestos son una manifestación del poder del Estado, sobre sus ciudadanos. En el caso de que se postule sobre la injusticia de los impuestos, la respuesta ha de ser unánime, los impuestos sin intrínsecamente injustos, debido a que se ejercen de forma indiscriminada sobre todos los ciudadanos. La forma y la cuantía tener un mayor margen de maniobra. Una pequeña conquista que hemos obtenido del actual Estado de Derecho es conocer la cuantía de los impuestos y su fundamentación.

Nuestra propia Constitución ya nos advierte que todos los ciudadanos de éste país, hemos de pagar impuestos, tenemos como es obvio derechos a la par que obligaciones; siendo precisamente la de pagar impuestos, una obligación principal.

Actualmente ningún ciudadano es capaz de decir la cuantía y el concepto de los impuestos que paga de forma religiosa, con efecto aclaratorio, propondremos un ejemplo: Un trabajador con familia, casa con hipoteca, con independencia del sector en el que trabaje, no sabe cuantos impuestos tiene que pagar. Muchas veces sólo se hace una idea por aproximación, debido a la dificultad a la hora de realizar el cálculo con el objetivo de determinar la cuantía de los impuestos comunes, como por ejemplo el IRPF, cuyas fórmulas de cálculo son prácticamente imposibles. El Estado, en su magnanimidad, proporciona complejos desarrollos informáticos para que confeccionen la renta que de otra manera sería imposible determinar el importe a pagar.

Otra consideración que merece la pena destacar, es la capacidad encomiable que posee el estado de derecho para convencer a la ciudadanía de que pague sus impuestos. Debido a la desconfianza en la efectividad del pago, se los va cobrando por adelantado mediante las retenciones, las cuales no dejan de ser un eufemismo. El Estado no retiene nada, en realidad, se cobra directamente un impuesto que aún no ha tenido tiempo de determinar, cuando se calcula el impuesto sale a devolver. Esta supuesta devolución por parte del Estado no es tal, realmente te están devolviendo un dinero que se ha cobrado de más. Haciendo un ejercicio de abstracción, vemos que las retenciones son la forma mas injusta e ilegal de los impuestos, puesto que se cobran anticipadamente, se pueden considerar asimismo como un impuesto latente que adelantamos a la Administración.

Esto produce dos efectos: Una constante presión tributaria sobre los ciudadanos que mes a mes van pagando impuestos con independencia de su pertinencia. Por otra parte, la Administración hace una dejación de funciones, nombrando recaudadores de impuestos a todos los empresarios, de forma gratuita. Circula por las redes sociales un vídeo que pone muy clara la situación, la única pega es su marcado contenido político, pero esta condición no debe de ser un obstáculo para su visualización debido a que esta extraordinariamente realizado.

Vamos a hablar de otro tipo de impuestos, que se escapan a las previsiones, se encuentran recogidos en los siguientes ingresos (sanciones, recargos de apremio y los intereses de demora). Existe una doble moral, debido a que por un lado los ingresos de este grupo tienen un carácter represor, es decir, sancionan a los recaudadores, los cuales deben recaudar en el supuesto de que realicen mal su trabajo. En realidad, en la mayoría de casos se trata de un sistema de financiación que tiene el Estado, en función de sus conveniencias, para saltarse todo control legal. Con el objetivo de recaudar a conveniencia de sus necesidades.

Debido a la complejidad de los tributos, no resulta extraño encontrarse con un empresario que esta siendo visitado por un Inspector de Hacienda, que no ha sido multado. Esto sirve para demostrar que recaudan por visita, vulnerando por lo tanto el pretendido efecto corrector que tiene la sanción. Es remarcable, que este sistema de financiación que suponen este tipo de ingresos (según datos de la propia Administración y cifrados en millones de
euros).

2011 2012 2013 2014 2015 Total
Recargo de apremio 707 547 576 684 660 3174
Interes de demora 348 430 479 442 412 2147
Sanciones 159 171 196 219 231 976
Total 1250 1148 1251 1345 1303 6279

Se observa que otras partidas de los presupuestos pueden variar en mayor o menos cuantía, estos ingresos de la Administración suben de forma inalterable año tras año (la bajada de recaudación de los intereses de demora correspondientes al 2014 y 2015, se deben al cambio del tipo de interés y no a la recaudación en sí).

Queda demostrado que es sistema se destinado a recaudar impuestos, mediante el cual la Agencia Tributaria tiene siempre el control saltándose leyes y normas por igual (que son propias y no se aplican nada más que a los elementos tributarios). De esta situación se deduce que el control en la aplicación de estas sanciones es casi nulo. El resultado de sancionar por parte de la Administración, es corregir las conductas erróneas y ayudar a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado, siempre dentro del control de la más estricta legalidad. Esta idea se ha trastocada y la excesiva presión fiscal ejercida mediante el poder sancionador, es la responsable de que en muchos casos existan empresas que han cerrado debido a la intransigencia de la Administración.

Actualmente, es casi imposible la confección exacta de la nulidad de impresos que ha de rellenar un ciudadano, sin importar su condición. Esta situación se agrava en el supuesto de un empresario, de ahí el volumen de documentación que exige la Administración es tan grande que muchas veces el mismo funcionario que nos atiende en la AEAT no avara todos los aspectos (si sabe de IVA, no posee conocimientos de IRPF y en el caso de que conozca sobre Renta, no tiene ni idea del Impuesto de Sociedades).

En fin, ni los propios cuerpos de inspección de la AEAT (ante los cuales lees dedico mi más sincero reconocimiento por la labor realizada con los medios de los que disponen), abarcan todos los impuestos que tienen que realizar un empresario deteniéndose a repartir el trabajo por secciones o subsecciones si son pertinentes.

Resulta irónico que esta labor que debería realizar la propia AEAT, lo exigen a los contribuyentes de tal forma que debe de contribuir al mantenimiento de las cargas del Estado, ha de hacer de oficinista y recaudador para ésta de forma gratuita (todo ello con la mayor exactitud que se ha tener en las confecciones de las declaraciones. Al menor error, la AEAT sanciona con el recargo de apremio y con el cobro de intereses. Si el error es cometido por la propia administración, no sucede nada. En el mejor de los casos rectifican, en el supuesto de dicha rectificación se debe devolver una cantidad que no se debería de haber cobrado, te abona el interés legal del dinero. La desigualdad de trato se produce en el supuesto del contribuyente que comete el más leve error en la declaración, no basta que la propia administración haya emitido un informe (es el caso de los borradores) y que el ciudadano acepta. En el caso de que se haya cometido dicho error en el informe-borrador- eres sancionado con intereses, lo cual no constituye si no otro tipo de impuesto con la peculiaridad de que no es determinador ni cuantificable.

Si es la propia Administración la que se confunde;

¿Cómo puede sancionar a los contribuyentes que, sin medios, hacen su declaración de IRPF por los errores que cometen en los borradores? ¿Ante esta situación me surge la siguiente duda, por qué tengo que pagar la inoperancia de los funcionarios encargados de la confección de los borradores? También es cuestionable la capacidad sancionadora por fiarme de la AEAT. Por no tener un conocimiento suficiente de la materia tributaria dentro de un mar de leyes confusas y entremezcladas (tanto es así, que los propios expertos en materia tributaria dicen que es un impuesto complejo). Se trata pues, de un impuesto a la ignorancia.

Si lo consideramos de tal manera, el procedimiento sancionador es un impuesto, consecuencia de otro que tiene unas sanciones muy grandes, aplicables sólo en el supuesto de desacuerdo con la AEAT (esto implica un reconocimiento implícito de la inoperancia de la AEAT y de sus ordenadores). En el caso de que estés de acuerdo, la multa se reduce a la mitad. Esta situación carece por completo de sentido, si se entiende el régimen sancionador como un castigo a los defraudadores, ha de tener un fundamento preventivo (en el caso contrario, se convierte en recaudatorio). Una solución más efectiva sería no poner multas o sanciones y ayudar al ciudadano con la imponente carga de recaudar los impuestos de forma compleja. La actividad de la AEAT debe estar dirigida a corregir las declaraciones y sancionar solo en el caso de verdadera intencionalidad de defraudar, no en el caso de un mero error (los puristas argumentarán que el error no se sanciona, esto no es cierto y además nos encontramos con un sistema expeditivo en dicho ámbito).

La realidad es que la AEAT recauda de forma más sencilla y extensa mediante los mecanismos sancionadores, amén de la recaudación anticipada, que por cualquier otro impuesto. Los grandes defraudadores, que deberían de ser el objetivo primordial de la AEAT calculan las sanciones y se pliegan, es decir, no discuten nunca dicha sanción debido a que les resulta más ventajoso pagarla y seguir defraudando. De tal forma que el régimen sancionador se ha convertido en una fuente de ingresos importantísima para la AEAT (quizás el último ingreso que pueden regular, debido al carácter informatizado y a la escasez de personal para hacer efectiva dicha actividad, pueden incrementar los ingresos por sanciones hasta la escalofriante cifra de 72 millones de euros de 2011 a 2015).

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