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FRANCISCO CAAMAÑO, ministro de Justicia,

en el FORO ARAGONEX Entorno EMPRESARIAL 

 “Todos esperamos una buena sentencia sobre el Estatut, pero hay que dejar trabajar al Tribunal Constitucional” 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: "No hay “ningún veto político” a que Enrique lópez sea magistrado del Constitucional.

REFORMA LABORAL. “Al Gobierno no le va a temblar la mano para aprobarla”.

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PARTICIPACIÓN. Más de 300 invitados abarrotaron la sala del Hotel Intercontinental de Madrid.

CONVOCATORIA. El desayuno contó con la asistencia, entre otros del fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, el subsecretaria del Ministerio de Justicia, Purificación Morandiera, el presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri; así como magistrados, vocales del CPGJ, diputados y senadores.

ESTOS DESAYUNOS han sido patrocinados por RENFE, Accenture y el Gobierno de Aragón. 

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Madrid.10 junio.- El ministro de Justicia Francisco Caamaño participó en las tertulias de economía del foro Entorno Empresarial que organiza Aragonex, en las que se referió a la situación que vive el Tribunal Constitucional, al que urgió a la renovación de varios de sus magistrados y del que espera una pronta sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

 

En tono conciliador, Caamaño afirmó que “todos esperan contar, lo antes posible, con una buena sentencia” que aclare la constitucionalidad del texto, insistió en dejar que el Tribunal Constitucional pueda hacer su trabajo y matizó que han sido “las dificultades” a las que se enfrenta el alto tribunal las que han motivado el retraso.

 

En este sentido, Caamaño aludió al volumen de impugnaciones realizadas sobre el propio Estatuto catalán: “las mayores de la historia”, a las que el Tribunal debe dar respuesta “una a una”. Y a la recusación de alguno de sus miembros, como el magistrado Pablo Pérez Tremps, que ha provocado que “el Tribunal trabajase en ese tema en lugar de en la sentencia”.

 

“Ningún veto político”

Preguntado por los retrasos en la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional y sus candidatos, Caamaño negó que haya “ningún veto político” a que el juez Enrique López sea magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de las comunidades autónomas que gobierna el PP. De este modo el ministro rechazaba la acusación del PP de que el PSOE y el Gobierno están vetando a López porque fue miembro del CGPJ a propuesta del partido que lidera Mariano Rajoy. El ministro derivó la decisión al pronunciamiento de los servicios jurídicos del Senado, que hizo suyo la Mesa de la Cámara Alta y que sostenía que López no podía aspirar al cargo al no sumar 15 años de ejercicio profesional, ya que no podía considerarse como tal su tiempo en el CGPJ.

 

Reforma laboral

Otro de los asuntos que centraron la intervención del ministro de Justicia fue la complicada coyuntura económica que atraviesa el país. Caamaño defendió el papel de la Administración de Justicia en el desarrollo del país y la salida de la crisis, como palanca que permita un crecimiento “más ajustado a la realidad que no expresan las cifras del PIB”. De hecho, el titular de Justicia abogó por un modelo de desarrollo que prime la calidad del crecimiento, el cómo y no tanto el cuánto.

 

En referencia a la reforma laboral que estos días negocian Gobierno, patronal y sindicatos, Caamaño aseguró que todavía “queda un punto” para poder llegar a un acuerdo. El ministro aseguró que el Gobierno “desde siempre” ha intentado que la aprobación de la reforma sea por consenso y de no ser posible, “al Gobierno le va a temblar la mano al tener que aprobarla”.

 

Diplomacia frente a tribunales

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también entró a valorar la polémica desatada tras el asalto de Israel a la flotilla que intentaba romper el bloqueo establecido sobre Gaza. Y se ha mostrado contrario a llevar ante los tribunales españoles el caso. “No todo tiene que acabar en los tribunales”, ha dicho en referencia a la posibilidad de que el asalto a la flotilla acabe ante la Justicia española. El ministro afirmó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido en este asunto que es “el tiempo de la diplomacia”, por lo que la respuesta a lo sucedido tiene que venir desde la Unión Europea y desde el conjunto de los Estados.



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