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Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ,

en el FORO ARAGONEX, Entorno Empresarial:

 “Los elogios de Zapatero al juez Garzón no constituyen injerencia en el Poder Judicial”

 

“Es fundamental la consecución de un pacto de estado sobre la Justicia”

 

 Se muestra en contra de la cadena perpetua propuesta por el PP.

 

Fue presentada por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer. Asistieron el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar,  y siete vocales la institución, entre ellos José Antonio Gómez Benitez y Margarita Robles.

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10 de marzo.  La  portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, señaló durante su intervención en el foro Aragonex, Entorno Empresarial organizado por Renfe y el Gobierno de Aragón, que "el hecho de hablar bien de un juez no constituye ninguna injerencia en la actuación judicial", en alusión a las manifestaciones de apoyo vertidas el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respecto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, incurso en tres causas penales en el Tribunal Supremo.    Preguntada por este asunto, Bravo indicó que la declaración institucional emitida por el CGPJ el pasado lunes, exigiendo a los responsables políticos el máximo respeto a la función de los jueces, "no ha sido la respuesta a las manifestaciones del presidente del Gobierno", quien alabó la valentía de Garzón en su lucha contra ETA. "Ninguno de los vocales del Consejo entendemos que el hecho de hablar bien de un juez constituya injerencia en la actuación judicial, sobre todo cuando transmites a la sociedad tu respeto por las decisiones judiciales", insistió Bravo.

 

CRÍTICA SISTEMÁTICA

   La portavoz añadió que, con su declaración institucional, el CGPJ no trató de "responder a nadie en concreto, como se ha pretendido transmitir por parte de los medios de comunicación", sino "salir al paso de ese ambiente de crítica sistemática directa a la propia institución a través de artículos de opinión, entrevistas y manifestaciones". Bravo explicó que lo que Consejo trató de trasladar a la opinión pública es que necesitan "que el respeto institucional garantice la independencia del Poder Judicial".

   Sobre las valoraciones que desde distintos sectores de la sociedad se realizan sobre los procesos que afectan al juez Garzón, Bravo considera que desde el CGPJ se respetan tanto las valoraciones de apoyo al magistrado como las que expresan conformidad con los procedimientos admitidos a trámite contra él.  "No considero que un procedimiento judicial pueda equipararse a un acto terrorista -dijo Bravo-. Porque esto es ir mucho más allá de lo que debe ser una sana crítica. No compartimos que los procedimientos judiciales puedan ser considerados actos de terrorismo psicológico". Agregó que el Consejo respeta la presunción de inocencia de Garzón y es "absolutamente" respetuoso con la labor de los tribunales, que merecen todo el apoyo de este órgano, "sin perjuicio de que cuando uno de los tribunales dicta una resolución pueda modificarse por la vía de los recursos".

   A juicio de Bravo, la actual situación puede ser reconducida, porque cuando el Consejo pide respeto siempre establece como premisa básica el respeto a la libertad de expresión. "No nos queremos convertir en la censura de los medios de comunicación, ni de los ciudadanos ni de nadie", dijo.  No obstante, apuntó que deben establecerse "límites" para no convertir el ejercicio de un derecho fundamental en un ataque directo a las personas que representan a las instituciones o directamente a las instituciones esenciales para el Estado de derecho.

ES FUNDAMENTAL UN PACTO DE ESTADO SOBRE LA JUSTICIA

La portavoz  considera  "fundamental" la consecución de un pacto de Estado en materia de Justicia, puesto que la "Justicia es el valor que inspira la normal convivencia de esta sociedad". A su juicio, desde todas las instituciones se debe trabajar conjuntamente, "dejando al margen cualquier interés político de cualquier otra índole, para garantizar esa justicia ágil, eficaz y resolutiva que el ciudadano se merece". Bravo insistió en que la Justicia precisa modificaciones en el ámbito procesal, así como un nuevo modelo de demarcación territorial, para superar el actual, que se diseñó en 1988 y que atendía a una realidad demográfica que ha sido claramente superada 20 años después. "Necesitamos cambios sustanciales importantísimos que tienen que venir definidos por un pacto de Estado y por un consenso político", añadió. Entre los problemas que afectan a la Justicia, Bravo destacó, además de los factores normativos, "las consecuencias perturbadoras de un desmedido afán de nuestra sociedad para que todo asunto sea conocido por un juez".


ESTADO JUDICIAL DE DERECHO.

Durante su intervención en el desayuno, Bravo indicó que en ocasiones se ha llegado a identificar "indebidamente" el Estado de Derecho "con un pretendido Estado Jurisdiccional". "Por supuesto no estoy defendiendo la solución de desjudicializar sin más, ni mucho menos de privatizar la Justicia, sino la necesidad de reconsiderar los criterios y, sobre todo, los instrumentos a través de los cuales se opta por someter la solución de un determinado tipo de conflicto social o intersubjetivo a un órgano jurisdiccional. Por ello, abogó por incorporar alternativas de resolución de conflictos como la mediación, oportunidad o suspensión judicial, "soluciones -dijo-, ya experimentadas en otras latitudes y para nada incompatibles en la mayor parte de los casos, con nuestra tradición jurídica, ni con la estricta aplicación del principio de legalidad".

ENCONTRA DE LA CADENA PERPETUA.

Gabriela Bravo, se mostró también absolutamente en contra de la cadena perpetua revisable que el PP propone incluir en la reforma del Código Penal, planteamiento que, ha dicho, raya en una "cierta demagogia". Bravo expresaba esta opinión desde un punto de vista personal como jurista, y consideró que estos planteamientos buscan otros fines "no estrictamente jurídicos". La portavoz del CGP recordó que las diferentes modificaciones realizadas al Código Penal se han dirigido a un mayor endurecimiento de las penas y lo han configurado como el más duro de toda la UE. Por ello, dijo no compartir los intentos de endurecer más el Código Penal, ya que el español va más allá de algunos sistemas penales europeos que tienen incorporada la cadena perpetua revisable.

INCIDENCIA DE LA CRISIS.

Por ultimo, Gabriela Bravo se refirió al efecto que la actual situación económica en los juzgados de lo mercantil, de lo social e incluso en los juzgados de familia, "órganos todos ellos que han visto incrementada su carga de trabajo en los dos últimos años, en algunos casos con porcentajes que superan los doscientos por cien". Sobre la mala imagen de la Justicia, Bravo criticó que pese a ella los ciudadanos acuden más que nunca a los tribunales para resolver sus conflictos, y que este aumento de la litigiosidad "determina que sigue siendo el juez quien más confianza les inspira". Añadió que a esta imagen contribuyen también los medios de comunicación "porque trasladan al ciudadano los asuntos más mediáticos, que son 18 o 20, pero no el trabajo riguroso que realizan los 4.500 jueces" que trabajan en España.

 



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